El impuesto al carbono en Argentina

El impuesto al carbono en Argentina: ¿Lucha contra el cambio climático o simplemente más recaudación?

Alrededor del mundo se han empezado a fijar impuestos al carbono, como una de las medidas para luchar contra el cambio climático. Esto se hace en base a una premisa que parecería resultar simple:

Contaminar tiene un costo. Enorme. Quien contamina lo debe pagar. Es una tendencia que no hace más que crecer y probablemente se intensifique a medida que se acorten los plazos que el mundo tiene para cumplir con las metas del acuerdo de París.

Países con precio al carbono [1] 

1. ¿Cómo funciona? El precio de contaminar
Existen dos vías fundamentales para poner un precio al carbono: un impuesto, o establecer un sistema de comercio de emisiones (ETS por sus siglas en español).

Este último es un instrumento de mercado basado en el principio de “tope y comercio” (‘cap and trade’). El gobierno impone un límite máximo o tope sobre las emisiones totales de uno o más sectores de la economía. Las compañías en estos sectores deben contar con un permiso por cada tonelada de emisiones que emiten. Pueden recibir o comprar permisos, y así comerciar con otras compañías. En el esquema de la página 3 se puede tener una noción básica de los ETS.[2]

El impuesto al carbono parecería ser más simple: se fija una tasa a pagar según una determinada cantidad de “contaminación”, lo que genera desincentivos para la inversión, y provoca que ciertos sectores pierdan competitividad. En la figura siguiente se puede observar como en el Reino Unido a partir del 2015, en el cual se duplicó el precio mínimo del carbón, la cantidad de carbón usado para generar electricidad prácticamente desapareció[3].

2. ¿Es eficiente un impuesto al carbono? 

Lo que tenemos que considerar cuando hablamos del impuesto al carbono es la finalidad con la cual se establece. Eso, en nuestro país, es doble o triplemente importante dada la voracidad estatal y el gasto público sin control.

La finalidad es, o debería ser, clara: la transición hacia una economía baja en emisiones acorde a nuestros compromisos asumidos, y a los que correspondería a nuestro “fair share” en la lucha contra el calentamiento global.

En tal sentido, sería recomendable que al imponerse un impuesto al carbono, se establezca un destino claro para los ingresos que ello le genere al estado.

En ciertas jurisdicciones, donde el impuesto al carbono gravaba a los generadores de energía, el destino de los ingresos se fijó para compensar vía subsidios a la energía a aquellos sectores perjudicados. En otros, se estableció la devolución de impuestos a los ciudadanos como en Canadá.

Es importante destacar que para ser eficiente en su objetivo de penalizar la contaminación, el impuesto al carbono tiene que ser alto. Es decir, tiene que efectivamente generar cambios en los incentivos. Dado que prácticamente todas las legislaciones establecieron un precio bajo que aumenta con el tiempo, el peso de este impuesto en las diferentes economías, en particular en aquellas que no hagan la transición hacia bajo consumo de carbono, será cada vez más relevante[4].

El impuesto debe ir acompañado de medidas coherentes, en particular la reducción de los subsidios a los hidrocarburos. Establecer un impuesto al carbono mientras se mantienen subsidios a, justamente, el carbono, tiene sentido?

Asimismo, se deben generar políticas que permitan un cambio de hábitos de la población en un contexto razonable. Si el impuesto al carbono redunda en mayores costos para la nafta o el gasoil, sería bueno analizar cuáles son los planes para mejorar la flota de colectivos (o mejor aún, convertirlos en eléctricos), la frecuencia de trenes y la extensión de vías de subte.

3. El caso de Argentina

En nuestro país se introdujo el impuesto al dióxido de carbono por la ley 27.430. En cuanto al destino de los ingresos por el impuesto, la ley establece:

“ARTÍCULO 19.- El producido del impuesto establecido en el Capítulo I de este Título y, para el caso de los productos indicados en los incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i) de la tabla obrante en el primer párrafo del artículo 11, el producido del impuesto establecido en el Capítulo II, se distribuirá de la siguiente manera: a) Tesoro Nacional: 10,40%; b) Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) -Ley 21.581: 15,07%; c) Provincias: 10,40%; d) Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales: 28,69%; e) Fideicomiso de Infraestructura Hídrica - Decreto 1381/2001: 4,31%; f) Fideicomiso de Infraestructura de Transporte - Decreto 976/2001: 28,58%; g) Compensación Transporte Público - Decreto 652/2002: 2,55%.”

Es decir, ninguno de los destinos se encuentra destinado en forma directa a la lucha contra el cambio climático y para ayudar a la transición de la economía a bajo carbono. Tampoco se establecen compensaciones para quienes resulten perjudicados por el evidente aumento de precio que tuvieron y tendrán los combustibles al ser trasladado al consumidor.

El impuesto al carbono puede ser una medida sana para desincentivar el uso de combustibles, pero no en forma aislada, deberíamos permitir: el pago de ese impuesto mediante compensaciones de carbono, como se analiza ya en varias jurisdicciones y se aplica en, por ejemplo, Colombia.

El impuesto al dióxido de carbono seguirá creciendo en la Argentina, en tanto su aplicación fue pautada en forma gradual. Por lo tanto, seguirá creciendo. Y lo próximo será el impuesto a las aerolíneas, en tanto crece su participación

Argentina particularmente tiene una carga impositiva que no soporta nuevos aumentos. Lo que se necesita es un cambio de foco en los impuestos que pasen a castigar la contaminación, pero sustituyendo ese impuesto por otro. El pedido de la imposición de un impuesto al carbón por parte de la ONU no implica generar mayor carga a los contribuyentes sino alinear los incentivos de la economía.

“My messages to governments around the world from the Pacific are clear: first, shift taxes from salaries to carbon. Tax pollution, not people. Second, stop subsidising fossil fuels. Taxpayer money should not be used to boost hurricanes, spread drought and heatwaves, melt glaciers, and bleach corals. Third, stop building new coal plants by 2020.” Antono Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas

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[1] https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/map_data
[2] Fuente: https://icapcarbonaction.com
[3] Fuente: briefing paper 05927, House of Commons, 2018
[4] https://www.nytimes.com/es/interactive/2019/04/04/universal/carbono-emisiones-precios.html